Protección constitucional para las decisiones al final de la vida: la sentencia de Canadá en Carter v. Canada

El régimen jurídico impugnado en Carter v. Canada (Attorney General) se fundamentaba en dos disposiciones del Criminal Code federal. El artículo 241(b) tipificaba como delito grave (indictable offence), sancionado con hasta 14 años de prisión, la ayuda o instigación a que una persona muriera por suicidio. Por su parte, el artículo 14 disponía que ninguna persona podía consentir en que se le infligiera la muerte, privando de efecto exculpatorio en sede penal a cualquier consentimiento otorgado por un individuo. En conjunto, estos preceptos establecían una prohibición absoluta de la muerte asistida en Canadá, abarcando tanto la eutanasia activa y voluntaria practicada por un médico como la prescripción facultativa de medicación letal autoadministrada por el paciente.

Dos décadas antes, la Corte Suprema de Canadá había confirmado la validez constitucional de esta prohibición absoluta en Rodriguez v. British Columbia (Attorney General). En una votación dividida de 5 contra 4, la mayoría en Rodriguez concluyó que, aun cuando el artículo 241(b) incidía en el derecho a la seguridad de la persona garantizado por el artículo 7 de la Carta, respetaba los principios de justicia fundamental. La mayoría razonó que la prohibición general reflejaba un consenso profundamente arraigado contra el acto voluntario de quitar o ayudar a quitar la vida humana, y que permitir excepciones pondría inevitablemente en peligro a personas vulnerables que pudieran ser sutilmente coaccionadas para elegir la muerte.

Hacia 2011, cuando los demandantes presentaron su escrito de demanda ante la Supreme Court of British Columbia, el contexto fáctico y normativo había variado de forma sustancial. Diversas jurisdicciones comparadas —entre ellas los Países Bajos, Bélgica, Suiza y los estados norteamericanos de Oregón y Washington— habían instaurado modelos regulatorios plenamente operativos que autorizaban la muerte asistida bajo supervisión médica sin que se produjera el colapso sistémico ni los abusos incontrolados pronosticados durante el litigio de Rodriguez.

El litigio en Carter surgió a iniciativa de una variada coalición de demandantes que representaban distintas vertientes prácticas del debate sobre la muerte asistida. Gloria Taylor había sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una patología neurodegenerativa letal que deteriora de forma implacable el control muscular voluntario mientras mantiene intactas las facultades cognitivas. Consciente de que su enfermedad acabaría privándola de la capacidad física indispensable para poner fin a su vida por sí misma, Taylor solicitó el derecho reconocido por ley a recibir auxilio médico para morir en el instante en que su sufrimiento se tornara insoportable.

Otros codemandantes aportaron una legitimación activa complementaria a la demanda. Lee Carter y Hollis Johnson habían acompañado a Kathleen Carter, la madre de 89 años de Lee Carter, a un centro de suicidio asistido en Suiza, donde ingirió una dosis letal de pentobarbital para poner término al sufrimiento que le provocaba una estenosis espinal; a su regreso a Canadá, ambos afrontaban un potencial riesgo de persecución penal en virtud del artículo 241(b). El Dr. William Shoichet, médico de familia en ejercicio en Columbia Británica, se sumó a la acción judicial debido a su disposición a prestar asistencia médica para morir si la ley se lo permitiera, viéndose no obstante impedido por la amenaza de sanción penal. La British Columbia Civil Liberties Association intervino como codemandante institucional.

El juicio se celebró a lo largo de varios meses ante la jueza Lynn Smith de la Supreme Court of British Columbia. La jueza Smith recabó un exhaustivo acervo de pruebas, compuesto por decenas de declaraciones juradas periciales, datos empíricos procedentes de las jurisdicciones que habían legalizado la muerte asistida y testimonios clínicos relativos a los límites de los cuidados paliativos. Esta detallada base fáctica resultó determinante para el posterior análisis jurídico, ya que desvirtuó frontalmente la premisa de que la sedación paliativa y el tratamiento analgésico podían aliviar la totalidad de los sufrimientos intolerables al final de la vida.

Con carácter previo a pronunciarse sobre el fondo de la reclamación al amparo del artículo 7, los órganos jurisdiccionales debían dilucidar una rigurosa cuestión procesal previa: si un tribunal de primera instancia ostentaba competencia legal para revisar una materia resuelta explícitamente por la Corte Suprema de Canadá en Rodriguez. De conformidad con la doctrina tradicional del stare decisis vertical, los tribunales inferiores están vinculados por las resoluciones de los tribunales superiores en la jerarquía judicial, asegurando así la estabilidad, predictibilidad y uniformidad del ordenamiento en todo el territorio nacional.

La British Columbia Court of Appeal revocó el fallo inicial de la jueza Smith favorable a los demandantes apoyándose con precisión en este motivo. En el voto mayoritario, el tribunal de apelación provincial resolvió que las instancias inferiores no estaban facultadas para apartarse de los precedentes vinculantes de la Corte Suprema por el mero hecho de que la dogmática jurídica o las valoraciones sobre la prueba hubiesen evolucionado. La Court of Appeal concluyó que únicamente la propia Corte Suprema ostentaba la autoridad institucional para revocar sus propios precedentes.

Al llegar la controversia ante la Corte Suprema de Canadá, el tribunal clarificó las tasadas excepciones al stare decisis vertical en litigios de naturaleza constitucional.

En Carter, la Corte Suprema concluyó que la jueza Smith había actuado dentro de estos parámetros, en la medida en que la estructura jurídica del artículo 7 había experimentado una notable evolución doctrinal desde 1993, especialmente en torno a las definiciones de extralimitación legal y de desproporcionalidad manifiesta.

El artículo 7 de la Carta Canadiense garantiza que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, y a no ser privada de tales derechos salvo de conformidad con los principios de justicia fundamental. En Carter, el tribunal efectuó una valoración rigurosa y secuencial de cada uno de los intereses amparados, concluyendo que la prohibición penal absoluta comprometía las tres garantías protegidas.

La afectación del derecho a la vida se evidenció mediante una dinámica paradójica. La Corte determinó que la prohibición penal del auxilio al suicidio forzaba a determinadas personas capaces a quitarse la vida antes de lo que lo habrían hecho en otras circunstancias. Al enfrentarse a procesos neurodegenerativos irreversibles como la ELA, los pacientes comprendían que, una vez perdida la movilidad, perderían también la capacidad material de terminar con su vida sin asistencia médica. En consecuencia, la prohibición obligaba a estas personas a suicidarse mientras aún conservaban la capacidad de hacerlo sin ayuda, abreviando con ello la duración natural de su vida.

Los bienes jurídicos de la libertad y la seguridad de la persona resultaron comprometidos con igual nitidez. El tribunal declaró que la libertad salvaguarda la autonomía individual para adoptar decisiones trascendentales sobre la propia integridad corporal y la atención médica. El derecho a la seguridad de la persona comprende la indemnidad frente al padecimiento físico y el sufrimiento psíquico grave impuesto por el Estado. Al obligar a las personas a soportar un dolor y una degradación física intolerables e irremediables contra su voluntad expresa, la prohibición legal infligía una injerencia de extrema gravedad tanto en la autonomía personal como en la integridad física.

Una vez acreditada la privación de la vida, la libertad o la seguridad de la persona, la parte actora debe probar que dicha privación infringe un principio de justicia fundamental. En las décadas posteriores a Rodriguez, la jurisprudencia constitucional canadiense consolidó tres estándares de control conexos: arbitrariedad, extralimitación legal y desproporcionalidad manifiesta. Cada una de estas doctrinas evalúa la congruencia entre el fin legislativo del Estado y el mecanismo normativo concreto elegido para alcanzarlo.

La Corte Suprema determinó que la finalidad del artículo 241(b) del Criminal Code no consistía en una preservación abstracta y absoluta de la vida a ultranza, sino en la protección de las personas vulnerables frente al riesgo de ser inducidas, coaccionadas o presionadas para morir en momentos de fragilidad o depresión. Esta delimitación precisa de la finalidad legal resultó decisiva para el control de constitucionalidad del texto legal.

Una ley arbitraria adolece de una falta absoluta de conexión racional entre sus fines y sus efectos prácticos. Una norma de alcance excesivo va más allá de lo necesario al sancionar conductas que no guardan relación alguna con el objetivo de la ley, aun cuando sirva a ese propósito en otras circunstancias. Una ley manifiestamente desproporcionada genera consecuencias tan gravosas sobre los derechos fundamentales que sobrepasan con creces cualquier interés legítimo estatal. En Carter, la impugnación constitucional se centró primordialmente en la extralimitación legal.

La Corte Suprema resolvió que la prohibición general del artículo 241(b) adolecía de una evidente extralimitación legal. Aunque el Estado ostentaba un interés imperioso y legítimo en escudar a las personas vulnerables frente a presiones y abusos, el veto legal absoluto negaba la asistencia a individuos no vulnerables, cuyas determinaciones eran plenamente libres e informadas y cuyas patologías médicas eran irremediables.

Al promulgar una prohibición sin salvedades, la legislación federal alcanzó a personas plenamente capaces, lúcidas y desprovistas de cualquier coacción. Dado que la norma cerraba el paso a toda evaluación individualizada de la capacidad y del consentimiento libre, sometía a ciudadanos plenamente aptos a todo el peso de una sanción penal ideada con el único objeto de proteger a quienes carecían de una auténtica capacidad de obrar.

El tribunal subrayó que la extralimitación legal no exige que una norma sea completamente ineficaz en todos sus supuestos de aplicación. La existencia de aplicaciones válidas no subsana una medida legal si su perímetro sancionador engloba conductas desvinculadas por completo del fundamento legislativo subyacente. Al privar de amparo a personas capaces cuya ausencia de vulnerabilidad podía descartarse de forma fehaciente mediante evaluación médica, la prohibición absoluta sobrepasó su justificación constitucional conforme al artículo 7.

El núcleo probatorio de la sentencia descansó en las conclusiones fácticas alcanzadas por la jueza de instancia acerca de la práctica médica en jurisdicciones con ordenamientos reguladores consolidados. La Corona federal había sostenido que ningún marco legal podía discriminar de forma certera entre peticiones voluntarias y coacciones sutiles, alertando de que los colectivos vulnerables —como los ancianos, las personas con discapacidad o los sectores desfavorecidos económicamente— se verían sometidos a presiones estructurales para aceptar la muerte.

La jueza Smith valoró minuciosamente los datos empíricos de los regímenes permisivos, en particular de Oregón y los Países Bajos, concluyendo que los riesgos invocados por la Corona podían identificarse y neutralizarse con eficacia. La evidencia empírica demostró que la despenalización de la muerte asistida no había acarreado un impacto desproporcionado sobre colectivos marginados o vulnerables, ni había deteriorado la calidad o la disponibilidad de los cuidados paliativos.

La Corte Suprema recalcó que los tribunales de apelación deben guardar una deferencia considerable hacia las conclusiones de hechos sociales y legislativos alcanzadas por el juez de instancia tras una valoración integral de pruebas científicas, médicas y sociológicas contradictorias. Al declarar probado la jueza que los médicos podían evaluar de modo fiable la capacidad volitiva y detectar influencias indebidas mediante rigurosos controles diagnósticos y psicológicos, la tesis de la Corona sobre la pendiente resbaladiza decayó en el plano de los hechos.

Una vez constatada la vulneración del artículo 7, el análisis se trasladó al artículo 1 de la Carta, precepto que faculta al Estado para justificar limitaciones a los derechos si se encuentran prescritas por ley y resultan razonablemente justificadas en una sociedad libre y democrática. Corresponde al gobierno la carga de acreditar dicha justificación conforme al test escalonado formulado en R. v. Oakes.

El tribunal admitió sin reservas que la protección de las personas vulnerables constituye un objetivo apremiante e інsustituible apto para subordinar derechos de rango constitucional. Asimismo, reconoció que una prohibición tajante guardaba conexión racional con tal propósito, en tanto que evitar toda muerte asistida previene forzosamente las muertes provocadas mediante explotación o coacción.

La defensa esgrimida por la Corona zozobró de manera determinante en el examen de vulneración mínima del test de Oakes. Para colmar este requisito, el gobierno debía acreditar que había escogido la medida que menos restringiera el derecho dentro de lo razonablemente necesario para conseguir su propósito. La existencia de mecanismos regulatorios viables y menos gravosos —como evaluaciones obligatorias de capacidad, dictámenes psiquiátricos, plazos de espera y segundas opiniones médicas independientes— acreditó que una prohibición penal absoluta no constituía el cauce menos intrusivo para salvaguardar a las personas vulnerables.

La Corte declaró la nulidad del artículo 241(b) y del artículo 14 del Criminal Code con arreglo al artículo 52(1) de la Constitution Act, 1982, si bien delimitó de forma expresa el alcance sustantivo de dicha declaración. En lugar de invalidar los tipos penales de modo absoluto, el tribunal emitió una declaración acotada que operaba exclusivamente sobre supuestos clínicos y personales determinados.

Esta fórmula reparadora restringió la ineficacia a las aplicaciones inconstitucionales de la norma, dejando incólume la prohibición penal general para los demás supuestos.

El fallo puntualizó que la muerte asistida por un médico no constituía un derecho subjetivo generalizado de common law, ni imponía a los facultativos médicos individuales la obligación de llevar a cabo el procedimiento. El tribunal reconoció que la libertad de conciencia y de religión de los médicos, tutelada por el artículo 2(a) de la Carta, debía conciliarse con cualquier futuro régimen regulatorio, remitiendo la articulación técnica de la objeción de conciencia al legislador y a los colegios profesionales.

Consciente de que la inmediata derogación judicial de la prohibición penal generaría un absoluto vacío normativo, la Corte Suprema acordó una suspensión de la declaración de invalidez por un plazo de 12 meses. Esta suspensión confirió al parlamento federal y a las asambleas legislativas provinciales el tiempo necesario para articular, debatir y aprobar regímenes jurídicos complejos que regularan la ayuda médica para morir.

En enero de 2016, tras la celebración de elecciones federales y la toma de posesión de un nuevo gobierno, el Fiscal General de Canadá solicitó una prórroga de seis meses del período de suspensión. En Carter v. Canada (Attorney General), 2016 SCC 4, la Corte concedió una ampliación de cuatro meses, estableciendo a su vez un cauce de exención individual que facultaba a las personas adultas y capaces que cumplieran los criterios de Carter a solicitar autorización judicial ante un tribunal superior durante la fase transitoria.

En junio de 2016, el Parlamento aprobó el Proyecto de Ley C-14, mediante el cual se instauró el régimen legal específico de la Ayuda Médica para Morir (MAID, por sus siglas en inglés). La ley introdujo salvaguardias procedimentales, declaraciones obligatorias y requisitos específicos de idoneidad, exigiendo en particular que la muerte natural del solicitante fuera razonablemente previsible, límite legal que suscitó una inmediata polémica constitucional y motivó subsiguientes litigios ante los tribunales.